Migraciones y COVID-19: Cuando el discurso securitista amenaza el derecho a la salud

La crítica situación económica y política que vive Venezuela ha generado un proceso emigratorio sin precedentes en la región latinoamericana. De acuerdo con la Plataforma de Coordinación para Refugiados y Migrantes de Venezuela, coordinada por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM)[1], existen para marzo de 2021 5.600.000 personas refugiadas y migrantes de ese país en el mundo, de las cuales 4.600.000 se encuentran en América Latina y el Caribe. Es decir, el 82 % de quienes han emigrado desde Venezuela tiene como destino principal algún país de la región. Si bien existe una fuerte concentración de refugiados y migrantes venezolanos en al menos cuatro países (Colombia, Perú, Chile y Ecuador), lo cierto es que todos los países han sido receptores en mayor o menor medida de esta población.

A lo largo de estos últimos años las condiciones de salida de esta emigración han variado de manera significativa. Si hace algún tiempo disponer de recursos económicos era un factor determinante en el tipo de viaje que se realizaba (por avión o por tierra), hoy en día disponer de un documento que permita el ingreso de manera regular a un país se transforma en un factor determinante para llevar a cabo un viaje con relativa tranquilidad. Y es que es precisamente el incremento en las exigencias de los documentos para desplazarse a lo largo del continente, lo que hace que esta migración enfrente una de las peores crisis humanitarias. A las dificultades para obtener documentos que permitan la salida desde Venezuela (pasaportes, certificados de nacimiento y autorizaciones notariales entre otras) se suman las dificultades para obtener una visa que les permita ingresar a otro país. En el caso de Chile la ausencia de estos papeles produce una total desprotección en materia de derechos humanos[2][3].

El incremento en los requisitos de ingreso (por ejemplo visa consular de turismo o visas laborales), el mayor control en fronteras, el incremento de las expulsiones producto de ingresos irregulares y la resistencia o dificultades para reconocer las necesidades de protección internacional que tiene esta población, se enmarcan en un enfoque securitista y de control migratorio que tienen como consecuencia inmediata el aumento de personas en situación de irregularidad[4][5].

La pandemia y sus consecuencias sanitarias, económicas, sociales y políticas plantean un escenario aún más complejo. Mientras la crisis económica en Venezuela se agudizaba a niveles dramáticos, los países de la región cerraron sus fronteras como una estrategia para frenar la propagación del virus. Esta medida afectó mayormente a las fronteras terrestres, y en menor medida a las aéreas, las que pudieron seguir operando con distintos niveles de control y seguridad. El cierre de fronteras terrestres perjudicó naturalmente la movilidad de las personas refugiadas y migrantes.

La situación en Chile se inscribe dentro de las tendencias observadas en la región, en un escenario político marcado por un proceso constituyente después del estallido social de octubre de 2019 y los efectos de la pandemia por covid-19 en 2020 y 2021. El estallido social de octubre de 2019 condensó la crítica a un sistema económico de carácter neoliberal que se impuso en dictadura y se consolidó durante los gobiernos de la coalición de centro izquierda en los años posteriores a la recuperación de la democracia en 1990. La consigna "no son 30 pesos, son 30 años" refleja el agotamiento de un modelo económico que se sostiene en la desigualdad social. 

El gobierno, sin embargo, respondió a estas movilizaciones a través de la fuerza policial y la restricción a las libertades individuales. La imposición de un toque de queda, la presencia de militares y fuerzas especiales en las calles y espacios públicos fue el contexto en el cual comenzó la pandemia en marzo de 2020.

La pandemia permitió al gobierno incrementar las restricciones a la movilidad (Chile estuvo bajo toque de queda durante 2 años, desde octubre 2019 a septiembre 2021). El argumento sanitario fue utilizado para cerrar hasta el día de hoy las fronteras terrestres (octubre 2021). Sin embargo, también implicó plantear las medidas de salud pública a partir de un principio universal de derechos. El proceso de vacunación se abordó con la misma lógica, estableciendo la edad, enfermedades crónicas y trabajos esenciales como criterios para definir el calendario de vacunación nacional. En un país donde el nivel de ingresos determina el tipo de salud a la que se tiene acceso, el encuentro de distintos sectores socioeconómicos en los consultorios municipales, tuvo un significado especial en el contexto de las demandas y movilizaciones sociales. 

Así, la forma en cómo se abordó el COVID-19 en la población migrante se inscribió en la tensión entre políticas de securitización, criminalización y exclusión de la migración, y la necesidad de abordan la salud pública desde una lógica universal de derechos. La incorporación de un enfoque universalista permitió la implementación de una serie de medidas individuales y sociales de prevención, diagnóstico y tratamiento, incluyendo, por ejemplo, residencias sanitarias disponibles para todos los que la necesiten y el programa de vacunación nacional sin exclusión de ningún tipo, excepto turistas. Sin embargo, quedaron al descubierto una serie de barreras estructurales en el acceso a la salud de distintas comunidades en nuestro país, en especial de minorías sociales, las que dificultan su protección contra COVID-19 y la capacidad de amortiguar sus efectos sociales[6]. Estas barreras se vinculan, por una parte, a las brechas sistemáticas de acceso y uso efectivo de prestaciones sanitarias que posee el sistema de salud en Chile y que afecta al conjunto de la población. Por otra parte, refieren a condiciones que derivan de la propia situación migratoria como es la falta de documentos, discriminación en la atención por parte de funcionarios de la salud, temor de acercarse a un consultorio por estar en situación irregular, mayor concentración en empleos con condiciones laborales más precarias y más expuestas al contagio, y altos niveles de hacinamiento, entre otros[6]. 

Frente a la lógica universalista que ha primado en el área de la salud -y que busca dar atención sin exclusiones, pero que encuentra limitaciones producto de barreras estructurales, se contrapone la mirada de seguridad y control presente en una serie de medidas adoptadas durante 2020, las que mantienen una continuidad con aquellas adoptadas en años anteriores[7][8][9]. 

Ambos enfoques están presentes en la relación que ha mantenido el Estado con la población migrante durante la pandemia. Lamentablemente la protección de los derechos de las personas migrantes en situación irregular sólo ha adquirido cierta visibilidad en el ámbito sanitario, sin traspasar esta aproximación a otros ámbitos de la vida. Un ejemplo muy concreto es el incremento de cruces irregulares en Colchane, en la frontera entre Chile y Bolivia. La escaza asistencia que brindan las autoridades, como son el traslado en bus desde el paso fronterizo a la ciudad de Iquique (distante a unos 200 km) y la posibilidad de realizar la cuarentena en una residencia sanitaria, ha quedado supeditado a la exigencia de una autodenuncia que deben realizar quienes cruzaron por pasos no habilitados ante la policía de investigaciones. El problema es que esta autodenuncia abre un proceso de expulsión.

Nuestro artículo "Migraciones y COVID-19: Cuando el discurso securitista amenaza el derecho a la salud" buscamos analizar estas perspectivas y comprender cómo ellas han impactado a la población venezolana en el país. Nos centraremos en el caso venezolano puesto que hoy día representa el 30% de la población extranjera en Chile y porque ha sido uno de los focos de las medidas implementadas por el Estado en el último año. Este artículo es resultado de distintos proyectos de investigación en los que han participado las autoras: 1) Inserción socio-laboral de la población venezolana en Chile (Konrad Adenauer); 2) Rutas y trayectorias de migrantes venezolanos a lo largo de América del Sur. Cuando las puertas comienzan a cerrarse (FONDECYT-Regular Nº1201130, 2020-2024); 3) Sistematización de la Respuesta Sanitaria de los Países Andinos ante la Migración Venezolana: El Caso de Chile (United Kingdom Research and Innovation (UKRI) y 4) migrantes durante la pandemia. La inmovilidad en los márgenes de la inclusión (proyecto minicoes, COES, ANID/FONDAP/15130009).

Carolina Stefoni es Socióloga por la Pontificia   Universidad   Católica  de   Chile,   Magister  en   Estudios   Culturales,  Universidad   de Birmingham y doctora en Sociología, Universidad Alberto Hurtado. Académica Universidad de Tarapacá-Chile.

Báltica Cabieses es Profesora titular, directora del Programa de Estudios Sociales en Salud, Instituto de Ciencias e Innovación en Medicina, Facultad de Medicina Clínica Alemana, Universidad del Desarrollo (Chile), PhD Ciencias de la Salud, epidemiología social de la Universidad de York (Reino Unido).

Alice Blukacz es Investigadora, Programa de Estudios Sociales en Salud, Instituto de Ciencias e Innovación en Medicina, Facultad de Medicina Clínica Alemana, Universidad del Desarrollo (Chile), MSc Migración Internacional y Políticas Públicas de la London School of Economics (Reino Unido).

Los artículos publicados en la serie "Movilidad Humana y Coronavirus" no necesariamente reflejan la opinión del Museo de la Inmigración del Estado de São Paulo. Divulgar a los textos autorales es parte de nuestro compromiso con la apertura al debate y la construcción de diálogos relacionados con el fenómeno migratorio en la contemporaneidad.

Referencias

[1] Situación Respuesta a los Venezolanos, https://r4v.info/es/situations/platform.

[2] ACNUDH. (2019). Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela. (Informe anual de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos e informes de la Oficina de la Alta Comisionada y del Secretario General A/HRC/41/18). Naciones Unidas.

[3] Freitez, A. (2019). Crisis humanitaria y migración forzada desde Venezuela. En L. Gandini, F. Lozano, & V. Prieto (Eds.), Crisis y migración de población venezolana. Entre la desprotección y la seguridad jurídica en Latinoamérica. (pp. 33-58). Universidad Nacional Autónoma de México.

[4] Domenech, E. (2020). La «política de la hostilidad» en Argentina: Detención, expulsión y rechazo en frontera. Estudios Fronterizos, 21.

[5] Stang, F., & Lara, A. (2020). Retórica humanitaria y expulsabilidad: Migrantes haitianos y gobernabilidad migratoria en Chile. Si Somos Americanos. Revista de Estudios Transfronterizos, XX(1), 176-201.

[6] Cabieses, B., Larenas, D., Oyarte, M., & Darrigrandi, F. (2021). Proyecto de Sistematización de la Respuesta Sanitaria de los Países Andinos ante la Migración Venezolana. El caso de Chile. Universidad del Desarrollo, Unuversidad Cayetano heredia, UK Research and Innovation, Universidad Javeriana.

[7] Freier, L. F., & Vera, M. (2021). COVID-19 and Immigrants’ Increased Exclusion: The Politics of Immigrant Integration in Chile and Peru. Frontiers in Human Dynamics, 3.

[8] Stefoni, C., & Brito, S. (2019). Migraciones y migrantes en los medios de prensa en Chile: La delicada relación entre las políticas de control y los procesos de racialización. Revista de Historia Social y de las Mentalidades, 23(2), 1-28.

[9] Vásquez, J., Finn, V., & Umpierrez, S. (2021). Cambiando la cerradura. Intenciones legislativas del proyecto de ley de migraciones en Chile. Colombia Internacional, 106, 57-87.

Autoría de la foto en la publicación: Pablo Marcondes. | Tiene una raya negra, en la esquina inferior izquierda, escrita OCUPACIÓN "REVISTA SIMBIÓTICA" en blanco.

La ocupación "Revista Simbiótica" es una iniciativa que surgió de la alianza entre el Museo de la Inmigración y el periódico homónimo de esta serie, para la difusión de artículos, las reflexiones y aportes del dossier "A pandemia e a crise internacional das mobilidades humanas" publicado en agosto de 2021. Continuando con la propuesta desarrollada en la serie "Movilidad Humana y Coronavirus", continuaremos debatiendo y reflexionando sobre los impactos de la pandemia en la migración y otras formas de movilidad.